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15:21h. jueves, 06 de agosto de 2020

Según ONG¨s

El desempleo como pandemia secundaria al coronavirus: 130 mil personas perdieron su empleo por la pandemia en El Salvador

Al menos 130,226 personas han sido afectados por la suspensión de actividades laborales tras implementación de medidas sanitarias para afrontar el contagio por la Pandemia de COVID-19, reporta el reciente “Balance de Casos de Vulneración de Derechos Laborales en el Marco de la Pandemia por COVID-19” de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).

El 79% de los casos corresponde a jóvenes menores de 29 años; y del total, el 54.5% de empleos suspendidos corresponden al sector de maquilas, y que el resto a “varios sectores”: entre los que fueron señalados por 364 lugares de trabajo, principalmente de empresas privadas.

“La Suspensión del Contrato Laboral de forma inmediata, de la manera en que impacta a la persona trabajadora, es la misma que la de un despido injustificado; es decir, deja a la persona trabajadora sin salario y sin ningún tipo de garantía laboral”, pese a que “el contrato sigue vigente, sólo que no están recibiendo (los trabajadores) salarios, tampoco están laborando, ni están aportando a la seguridad social”, comenta Carmen Urquilla, miembro de ORMUSA.

En efecto, el cierre de actividades laborales ha sido ratificados desde la declaración del Estado de Alerta por la Pandemia del COVID-19; y que sigue vigente en el Decreto Legislativo N.º 661 del Pan de Reapertura Económica, para la reactivación gradual de las actividades laborales.

Durante la declaración del Estado de Emergencia se decretó cuarentena obligatoria, y estableció la continuidad de las actividades laborales a sectores denominados “indispensables” para afrontar la Pandemia del COVID-19. Y se decretó así el pago de subsidio por incapacidad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social a los trabajadores cotizantes en el decreto legislativo 593 (prorrogado en los decretos legislativos 622, 621 y 624), hasta su declaración de inconstitucionalidad (63-2020), por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 18 de mayo.

“La situación del impago de salarios a las personas que se encontraban en cuarentena domiciliar obligatoria es debido a éstos mismos desacuerdos entre el órgano legislativo y el ejecutivo. Esta situación propició las suspensiones de contratos de trabajo, y despidos injustificados cuyo reclamo judicial no pudo realizarse de inmediato debido a la suspensión de plazos y de términos judiciales y administrativos. Situación que ocasionó a todas las personas trabajadoras que no pudieron realizar, de forma ágil, los reclamos ante las instancias judiciales pertinentes, quedando sin ningún ingreso ni apoyo económico para hacer frente a ésta crisis”, lamentó Marta Zaldaña, en la presentación del informe.

Urquilla añade que la suspensión laboral “puede afectar en el momento de pensionar, su estado de cuenta y al acceso a la salud, que lo deberían tener los trabajadores cotizantes”

En efecto, las ONG`s señalan una reducción del pago de cuotas al 6% a 53,712 empleados cotizantes del ISSS, hasta el mes de abril. Y que, en contraste, el ISSS sólo había dado cobertura a 868 trabajadores cotizantes, en un gasto de $318,815 dólares, a aquellos con sospechas de contagio por COVID-19.

Con diferencia al año anterior, hasta mayo de 2020, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) reportó que 73,072 empleos que no recibir el pago de cuotas previsionales. Asimismo, reportó una disminución de hasta el 3.6% en el número de cotizantes del Sistema de Ahorro de Pensiones.

Ante el impacto a la economía nacional, el Ministerio de Hacienda reporta una pérdida presupuestaria de al menos $648.1 millones de dólares; y prevee pérdidas de hasta el 20% de ingresos tributarios al final del año, $920 millones de dólares menos con diferencia a 2019; es decir,  un total de al menos $5,443 millones de dólares.

Demandan Acciones para paliar la crisis laboral

Para paliar el impacto de la crisis económica, el pasado 8 de julio, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley de Creación de Fideicomiso para la recuperación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) por un préstamo de $600 millones de dólares, ejecutados por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal)

Ante la situación de desempleo, el pasado 18 de julio, el Ejecutivo aseguró, desde su cuenta de Twitter, disponer de $140 millones de dólares para el pago del 50% de la dólares en la planilla de salarios a trabajadores de empresas “con menos de 100 empleados, y que facturan menos de $7 millones de dólares al año”.

Por su parte, ORMUSA y FEASIES observan incompetencias en las regulaciones laborales vigentes. Ante ésta situación, proponen reformas en el código de trabajo, así como la vigencia en la aplicación de una Sistema Previsional de Pensiones a las personas que ya hayan tenido un recorrido laboral.

Asimismo, las organizaciones demandan la creación de un Código Procesal Laboral, porque “de forma supletoria se aplica la civil y mercantil, que corresponde a una materia totalmente diferente”;  la discusión sobre la ratificación del Convenios Internacionales 177, 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que buscan beneficiar al trabajo a domicilio, al trabajo del hogar remunerado y a la prevención de la violencia y de la discriminación del ejercicio del trabajo, respectivamente.

Por su parte, Carmen Urquilla añade que el país debe apostar por el fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social, y que se debe incorporar un Seguro de Desempleos, “para que cuando sucedan eventos catastróficos… las personas trabajadoras puedan con ingresos para hacer frente a éste tipo de crisis (la del COVID-19)”.

Organizaciones Observan irregularidades sanitarias en empresas

Carmen Uruilla observa que de la atención de denuncias, los empleados reportaron su insatisfacción ante las regulaciones sanitarias para la prevención del contagio de COVID-19: “Ya hemos tenido avisos de personas trabajadoras que nos dicen que en su empresa no se ha hecho ninguna modificación; lo hacen trabajar en espacios laborales muy cerca, que muchas veces ellos tienen que comprar las mascarillas que la empresa no les está proporcionando. Que no cuentan, tampoco, con equipo de limpieza o de desinfección de los lugares de trabajo”.

En el balance, las organizaciones reportan al menos 88 despidos a personas contagiadas por COVID-19. “Hemos tenido algunos casos de personas que han sido amenazadas de despido, si llegan a contagiarse, que van a ser despedidas si tienen sospechas de esto, porque no quieren que el personal o toda la planta se contagie del virus”, añade Urquilla.